Una reforma contra la autonomía local y los ciudadanos

La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es un sinsentido más de la administración Rajoy. Forzado por un compromiso con la Troika de austericidio, tras los recortes en educación sanidad, empleo y pensiones, el siguiente embiste corresponde a las administraciones locales, a los ayuntamientos.
Cifras absolutamente incontestables dejan en evidencia que no es cuestión de ajuste económico, sino de adelgazamiento de lo público. Según datos oficiales la gran mayoría de los Ayuntamientos, alrededor de 6.000, cerraron sus cuentas con superávit en 2012. Y el conjunto de la deuda de la Administración Local en su conjunto, supone poco más del 4% del total de todas las Administraciones públicas; siendo además la única que ha logrado cumplir los objetivos fijados por el Gobierno sobre el déficit. ¿Por qué señalar a lo local como despilfarrador, descontrolado y poco eficaz?.
La deuda de todos los Ayuntamientos en 2012 fue de unos 35.000 millones de euros, hay más de 8100 municipios, 3.000 de ellos sin deuda, 5.000 en los que ésta es de menos de 50 millones de euros cada uno, 99 con una deuda superior a 50 millones de euros, y singularmente sólo uno, el Ayuntamiento de Madrid, con una deuda de unos 7.000 millones de euros.
Si existe alguna ciudad o municipio que necesite planes de ajuste contingentes, háganse; pero, ¿por qué el Gobierno de España se empecina en legislar como si todos los municipios de este país tuviesen el nivel de deuda y el grado de ineficacia que el municipio más endeudado?
No me cabe más que pensar que quien realiza esta reforma desconoce la labor más que aceptable que llevan a cabo las administraciones locales y sus órganos de gobierno. La memoria presentada por el Gobierno habla de los millones de euros que se va a ahorrar en el gasto público, pero no dice nada de los millones de servicios prestados que van a desaparecer y los millones de personas que van a dejar de recibir los mismos. Lo más probable es que aquellos que cuantificaron la memoria económica no evaluaran el coste social, el coste pare el ciudadano al que le afectarán directamente las medidas de recorte.
Durante más de 35 años, los ayuntamientos democráticos han construido sociedades cohesionadas. Alumbrado donde no había, calles asfaltadas donde había barro, parques y jardines, servicios sociales a nuestros mayores, la atención a las personas en situación de exclusión social, programas de voluntariado, vivienda social, desarrollo de polígonos industriales, bibliotecas, escuelas infantiles, etc. Con competencias o sin competencias, los ayuntamientos han llegado a prestar servicio a sus ciudadanos cuando y donde ni los gobiernos autonómicos ni el de la nación llegaban. Los que somos municipalistas sabemos que esto fue posible por el carácter absolutamente cercano de la política local al ciudadano, porque cualquier vecino en cualquier lugar te puede parar en la calle y preguntar o requerir, y eso no les pasa a otros políticos de ámbitos distintos al municipal.
Y ahora, en vez de reformar para modernizar la administración pública local con nuevas formas de participación de la ciudadanía, apostando por reforzar la transparencia de las decisiones que se toman, por la incorporación a las redes sociales, por la agilización de procedimientos, por la cultura de la cooperación y por la clarificación definitiva de competencias con financiación adecuada; se acomete una reforma que es un recorte de servicios puro, que afectarán a los ciudadanos de forma directa, ya que no podrán ser asumidos por las diputaciones o las comunidades aquellos servicios que dejarán de prestarse. Y todo ello, sin reportar en modo alguno el ahorro económico que se plantea por el Estado.
La voluntad del gobierno del PP es aprobar la ley y, tras los presupuestos presentados para 2014 y con la perspectiva de 2015, no se ve la posibilidad de un acuerdo en la tramitación de la misma. El gobierno ha confiado a este recorte sin precedentes el cumplimiento del déficit de España, echa en hombros de los municipios y sus ciudadanos las exigencias de la troika, y coloca en una situación muy difícil a miles de cargos públicos que hacen política desde la base, desde lo local, intentando mejorar y dar soluciones a sus vecinos en sus día a día; cada uno con su carga ideológica, pero todos desde su compromiso con su territorio.
Una ley sin consenso los grupos políticos, con un acuerdo en precario a última hora con el PNV, pero sin contar con partidos que gobiernan en más de 8100 municipios, es una ley inaceptable. Porque tanta legitimidad democrática tiene el Presidente de Gobierno de España, como el alcalde o alcaldesa del municipio más pequeño de España. Los municipios no son hermanos pequeños de nadie, son una administración pública con su autonomía concedida por la Carta Magna. Así pues, nos encontramos con una imposición legislativa que llevará a la mayor de las frustraciones políticas.


Cuando el silencio es cómplice

¿Debemos consentir que el caso Quijorna se convierta en algo anecdótico? ¿Que pasen los días, se calmen los ánimos y nos olvidemos de lo que allí realmente pasó?

El pasado sábado, 28 de septiembre de 2013, un colegio público de esa localidad albergaba una exposición muy singular. Las llamadas Primeras Jornadas de Exposición, Militaria y Cultura de la Defensa, se convertían en una feria y mercadillo de exaltación al franquismo y al nazismo. Algo insólito en la reciente historia de nuestro país; algo insólito porque se realizaba en un espacio público, municipal y democrático. Algo insólito porque fue visitada por la alcaldesa de Quijorna, y no mandó suspender tal aberración pública. Algo insólito, porque la alcaldesa consideró posteriormente que no vio nada fuera de lo normal en ese mercadillo. Algo insólito, porque al día siguiente la propia alcaldesa realizaba un acto homenaje a “los caídos por Dios y por España”, como si aún viviéramos en la dictadura. Algo insólito, lo mires por donde lo mires.

Pero además de insólito, la actitud de la mujer que posee la alcaldía de Quijorna fue impropia de un cargo público, que el día que obtiene dicho cargo, “jura o promete cumplir y hacer cumplir la Constitución…”. ¿Qué tipo de Constitución es la que conoce esta alcaldesa? ¿Qué tipo de valores va a transmitir esta mujer a la ciudadanía que representa? Y la mayor de las dudas, si considera normal y por lo tanto no le llama la atención la simbología nazi y franquista, quiere decir que ¿si viviéramos bajo sus dictaduras lo consideraría normal?

Son muchas las dudas que se podrían ir planteando sobre la veracidad del juramento o promesa que la citada alcaldesa realizó el día en que se constituyó el Pleno municipal, dudas sobre su compromiso con los valores democráticos y la defensa de nuestra Constitución. Y esta duda, lamentablemente, se hace extensible a un Partido Popular, el de Madrid, que no ha sido en absoluto contundente con la actitud que ha tenido una destacada miembro del partido. Y sólo en el caso que este partido fuerce la dimisión, porque de forma voluntaria ya hemos visto que no, de dicha alcaldesa, podremos diluir esta duda.

Por principios éticos y democráticos, creo que es inexcusable dicha dimisión, por principios éticos y democráticos, pienso que es importantísimo que se corten estas actitudes impresentables de responsables públicos sin ningún atisbo de titubeo, por respeto a los ciudadanos e higiene democrática, los partidos que gobiernan o representan a ciudadanos deben ser inflexibles con el compromiso son la Constitución.

El Partido Popular no puede mirar hacia otro lado, hace unos meses ya lo hizo en Pinto, donde en las fiestas locales apareció una pintada pronazi en la Plaza de toros. Ni se suspendió el encierro, ni se borró la misma, ni siquiera se buscó una tela para tapar esa barbaridad, otra vez la NORMALIDAD. Pues esta vez, no debe, no puede, no es lógico que vuelva a pasar. Atajar actitudes que alientan a la extrema derecha y a la violencia, debe ser incuestionable. Y, erradicar de la vida política institucional a responsables públicos que no saben que la democracia es algo más que salir de alcaldesa, sino guardar y hacer guardar la Constitución, inexcusable.


Caja Madrid, Blesa y el PP

Más allá de la causa que ha aparecido en los medios de comunicación como determinante del proceso judicial iniciado contra Miguel Blesa (la compra irregular del City National Bank de Florida), la historia de este peculiar banquero es la historia de la utilización partidista y fuertemente politizada que ha realizado el PP en Caja Madrid en los últimos quince años.
De la mano de José María Aznar y con el hoy ministro de Justicia Ruiz-Gallardón al frente de la comunidad madrileña y sin contar con trayectoria financiera alguna, Blesa entró a presidir el Consejo de la Caja en 1996. Y salió de la entidad en 2010 enfrentado a Esperanza Aguirre e Ignacio González y apoyado una vez más por su inicial mentor Ruiz-Gallardón. Durante esa etapa de casi quince años largos, el poder económico y político madrileño se movió alrededor de él y de sus apoyos. El PP de Madrid controló los designios de la Caja, determinó, directa o indirectamente, quiénes eran los empresarios que prosperaban con créditos por encima de sus posibilidades, tal y como se evidencia en el caso de Díaz Ferrán, o cuáles eran los desarrollos urbanísticos que se consideraban absolutamente necesarios como los impulsados por Martín Fadesa, operaciones éstas últimas especialmente significativas: no olvidemos que tras protagonizar una bancarrota por 7.000 millones de euros, Martín Fadesa provocó un agujero de más de 1.000 millones sólo en Caja Madrid.
Detrás de cada decisión hay un motivo, y habrá que ver qué motivación había tras cada una de las operaciones financieras supuestamente erróneas que condujeron al rescate
financiero de España para cubrir el agujero de 40.000 millones generado por bancos y cajas al que Bankia ha “contribuido” con un auténtico foso de 24.000 millones de euros, algo sin precedentes en la historia de la Comunidad de Madrid (y en la de España), con
un saldo de más de 4.000 despidos y con el sometimiento al sacrosanto Memorandum de Entendimiento (MOU) de la Unión Europea, que hace que la Troika, convertida en “los hombres de negro”, nos visite y nos apriete exigiendo recortes.
Todo esto ocurrió sin impedimentos y al amparo de una situación económica en la que la impunidad casi llegó a formar parte del estado anímico de nuestra sociedad. No ocurrió por casualidad, ni por generación espontánea: fue así porque un partido político, el Partido Popular, encontró en Caja Madrid, la principal institución financiera regional y una de las más importantes de España (la cuarta), un brazo armado para favorecer sus intereses. Aznar, Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González, jugaron con
fuego convirtiendo la entidad en un instrumento a su servicio, pero en ese juego nos han quemado a todos.
No sé cómo actuará finalmente la Justicia, no sé hasta dónde se llegará; pero estoy absolutamente convencida de que éste es un caso en el que la ética ciudadana debería llevarnos a pensar si se puede aceptar que la utilización partidista y política de una
entidad financiera le salga gratis a quienes nombran a su más alto responsable. A quienes
un día nombraron a Miguel Blesa.


Un proyecto de mayorías para Madrid

El próximo mes de mayo se cumplirán 30 años desde la celebración de las primeras elecciones
autonómicas en la Comunidad de Madrid. En ese tiempo, la Comunidad estuvo gobernada
por la izquierda, por el PSOE (con acuerdos con IU en la última fase) durante doce años, y
dieciocho lo ha estado por la derecha. Aquella institución que se creó tenía como objetivo
fundacional mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fue sinónimo de bienestar.
Sin embargo, la conmemoración de este 30 aniversario se va a producir en medio del
cuestionamiento de las bases que sustentaron el cúmulo de adhesiones e ilusiones con
que la región se construyó. La ideología neoliberal está cebándose en ellas: los recortes
en educación, la privatización de una parte importante del sistema sanitario madrileño, la
voladura controlada de los servicios sociales, el sometimiento a las universidades públicas a una poda de recursos, están dando lugar a una región muy alejada de los grandes objetivos con que nació. A todo ello cabe añadir el que es hoy el más importante problema que vive la región: un paro registrado de más de 570.000 personas.
Veinte años de hegemonía conservadora han extendido la idea de que Madrid es, de manera
inevitable, una Comunidad sociológicamente de derechas. La resignación, las tendencias
abstencionistas, incluso el “antipoliticismo” son fenómenos que no podemos considerar
irreversibles; y que deben ser necesariamente transformados, por el Partido Socialista, en
acción política, en presencia social.
Es cierto, hoy, en Madrid, el PSM tiene su más baja cota de representatividad desde el
comienzo de la transición. Pero desde la izquierda no podemos limitarnos a aplicar una
política de “resistencia”, de oposición frontal carente de salidas. Desde la izquierda es
imprescindible una reflexión colectiva con el horizonte 2015. Es preciso generar un gran
proyecto alternativo y debe ser precisamente el PSM quien convierta esa nueva perspectiva
en una gran oportunidad para la Comunidad de Madrid.
Un proyecto de mayorías, solidario, reequilibrador, justo; introduciendo valores de
compromiso y responsabilidad que conviertan la protesta y la movilización en potencial
transformador, que eviten el callejón sin salida. Es decir, en una suma de oportunidades y de esperanzas para la gente.
Invertir esa realidad política exige un enorme esfuerzo y una rotunda voluntad regeneradora. Y sí, es necesario dirigirse a los ciudadanos con un talante abierto, los ciudadanos nos demandan un nuevo impulso, capacidad para establecer grandes alianzas con el entramado social y ética y verdad en nuestras actuaciones. Y, ¿con qué elementos debería contar este impulso transformador?
Con un cambio copernicano en el diseño territorial, recuperando el valor estratégico
del planeamiento y de la ordenación de la región. Apostando por desarrollos urbanos
y rurales habitables, y situando como prioritario el desarrollo del nuevo paradigma de
crecimiento económico sostenible. No podemos volver a confiar en un desarrollo basado en
el ladrillo como eje primordial de nuestra economía. Menos aún podemos apostar porque la desregulación del mercado laboral y las políticas contractivas vayan a devolver la confianza a los inversores de forma mágica. Debemos virar a un modelo productivo que identifique nuevos sectores dinámicos que vayan desde servicios de software y del conocimiento hasta la energía renovable. Tenemos que encontrar recursos para impulsar la I+D+i, fortalecer el papel del sector público en identificar y promover nuevas industrias y recrear colaboraciones con el sector privado que sumen en el beneficio colectivo.
Con la defensa y extensión de los servicios del Estado del Bienestar en la región, reforzando su carácter público, desde la sanidad hasta la educación. Porque no debemos olvidar que un Estado de Bienestar fuerte es uno de los mejores instrumentos para crear una economía competitiva. Pensar en la economía debe ser pensar sobre todo y ante todo en el empleo;cada medida económica debería contestar a la pregunta: ¿va a crear puestos de trabajo o destruirlos? ¿Va a incorporar a los jóvenes y los parados de larga duración o reducir todavía más sus oportunidades? Éste y sólo éste debe ser el enfoque de la política económica a desarrollar. Y debemos hacerlo incidiendo en el empleo y la capacitación de aquellos colectivos que han quedado excluidos por esta crisis, y que la salvaje reforma laboral ha profundizado en su marginación.
Con una política fiscal verdaderamente justa y eficaz, que recupere impuestos como el de
Patrimonio y grave a las grandes fortunas; que luche intensamente contra la economía
sumergida y la evasión fiscal; que elimine las deducciones que no inciden en el interés de la sociedad e incremente aquellas que potencien la inversión y el empleo.
Con una política firme, sin concesiones, por la regeneración democrática de nuestras
instituciones, por la transparencia de nuestras administraciones, por la implicación de la
ciudadanía en la toma de decisiones, abordando la corrupción y acabando con la desconfianza
de los ciudadanos hacia la política.
Definir ese proyecto exige de los socialistas liderar un amplio proceso de participación
ciudadana. Pero sobre todo nos exige volver a ser la esperanza de millones de madrileños que buscan entre el desconcierto y necesitan volver a creer en que podemos construir de la nada, como hace 30 años, una Comunidad garante de derechos y de prosperidad.
Por todo eso, el PSM tiene que abrir puertas y ventanas, generando en su interior un clima
de confianza que le permita ampliar su base social, reconciliando a los electores y electoras progresistas de la región con su oferta programática, implicándolos en su definición y elaboración, en la elección de sus candidatos, y en su toma de decisiones políticas. Hagamos a los ciudadanos de Madrid protagonistas de su destino. Sólo así haremos el giro imprescindible.


Un 8 de Marzo para reivindicar

8 de Marzo, reivindicando la Igualdad.

Durante estos últimos años las mujeres socialistas y feministas nos reuníamos alrededor de este día para remarcar nuestro compromiso con la Igualdad de las mujeres con los hombres, revisar nuestros avances en este tema y plantear objetivos a conseguir para un nuevo año.

Sin embargo, este 8 de Marzo, en nuestro país, tiene un carácter más reivindicativo y de denuncia que nunca. Porque siempre habíamos pensado que, en el campo de la igualdad iríamos hacia adelante, que seríamos más iguales. Y, en estos momentos nos encontramos que, tras algo más de un año de Gobierno del PP, los retrocesos en Igualdad son una realidad.

Para los socialistas la Igualdad no es una política más, es un eje fundamental de nuestra acción política, y lo es por tres motivos:

1.- Porque la Igualdad es una cuestión de Justicia Social

2.- Porque al apostar por la Igualdad, apostamos por la Democracia, incorporando a la mitad de la población a los espacios de participación y decisión.

3.- Porque la Igualdad es un factor de eficacia económica, la incorporación de la mujer al empleo y a la actividad económica incrementa el desarrollo económico de un país.

Así pues, la Igualdad no es una mera política con la que los socialistas nos vemos identificados, sino que es intrínseca a nuestra definición de transformación de la sociedad con una visión de izquierdas.

Durante los Gobiernos socialistas hemos avanzado mucho, y debido a la presencia de las mujeres en los espacios políticos y a la alianza con el movimiento de mujeres, hemos concretado realidades amparadas por leyes como La Ley Integral contra Violencia de Género, la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, …

Por eso, y ante la agresión a la Igualdad que realiza el Gobierno del PP con sus continuos recortes presupuestarios en políticas que afectan a nuestros derechos, debemos decir que por aquí no pasamos.

La fotografía de los Presupuestos Generales del Estado, son una fotografía de retroceso de nuestros derechos y de recortes en Igualdad. Y lo que el PP está consolidando es un cambio en nuestro modelo social y económico, que aleja a las mujeres de la Igualdad, llevándonos a un modelo de empleo precario y subsidiario. Son presupuestos que no invierten en creación de riqueza, ni en crecimiento, ni en empleo, y las políticas activas de empleo sufren reducciones espectaculares. Sirva como ejemplo que la dotación de los programas de Formación y Fomento del empleo femenino han bajado respecto al  2011 un 94% .

Si nos mostramos convencidos de que aprovechando las capacidades de las mujeres, con mayor desarrollo de políticas de igualdad tendremos un mayor desarrollo social, tendremos que apostar por el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a la política.

Sin embargo, teniendo en cuenta de que partimos de una posición de clara desventaja, la actitud y apuestas del gobierno del Partido Popular, hace que nuestro futuro sea complicado en esta etapa de la crisis. Y sólo quiero aportar unos pocos datos.

* Hay 2.791.000 mujeres paradas.

* En los dos últimos trimestres del 2012, 191.700 mujeres se han ido al paro, frente a 80.600 hombres.

* La tasa de actividad femenina es del 53.54%, 13 puntos por debajo de la masculina.

* De los ocupados con jornada parcial el 75,8% son mujeres, con la consabida menor retibución e inestabilidad de estos contratos.

* De las mujeres que están ocupadas el 15,2% tiene el Salario Mínimo Interprofesional o menos, mientras que en el caso de los hombres hablamos del 5%.

* La difrencia salarial hace que las mujeres cobremos el 78% del salario de los hombres, y que tengamos que trabajar 85 días más al año para igual nuestra retribución a las de los hombres.

* Sólo el 30% de los puestos direcivos en la adminitración son de mujeres, en los consejos de administración de las empresas privadas el 11,5%

En conclusión, cobramos menos cuando trabajamos, percibimos menos prestación de desempleo cuando estamos paradas y accedemos a menor pensión cuando nos jubilamos.

Las políticas de derecha del partido de Gobierno, con salvajes recortes que recortan nuestros derechos, con una reforma laboral agresiva con la conciliación, sin acciones positivas para compensar la desigualdad a la hora del acceso al mercado de trabajo, en definitiva con una consagración de un mercado laboral salvaje, hace que los colectivos con mayor vulnerabilidad de exclusión social tengan rostro de mujer.

Por eso, este 8 de Marzo, más que celebrar avances como otros años, debemos reivindicar y señalar que nuestros derechos se recortan.


#unasociedaddecente

Hay palabras que a veces entran en el mayor de los desusos, y se nos olvidan a la hora de hablar, no las utilizamos, no las incorporamos a nuestro vocabulario diario, y parece que, poco a poco, no sólo dejamos de lado la palabra sino también su significado.

Quizás eso haya pasado con la palabra decente unida a la de sociedad. Las combinaciones con más éxito en los últimos años han sido sociedad útil, sociedad de éxito, sociedad anónima o limitada, sociedad madura, pero no sociedad decente. Y, así, hemos ido construyendo una sociedad donde los valores del trabajo, del esfuerzo, de la igualdad de oportunidades, de la justicia social, del mérito, de la capacidad, de la constancia, quedaron relegados por los del resultado, el individualismo, lo inmediato, lo fácil y lo cómodo.

Elevamos a los altares a personas y personajes, tan sólo por una imagen de éxito; y no nos preguntamos cómo se consiguió aquél. Nos daba igual, porque nuestro entorno, nuestra sociedad, estaba borracha de excesos y nos llevaba en volandas sin que tuviéramos tiempo para preguntarnos si lo que estábamos construyendo era lo correcto.

Lo cierto, es que la crisis económica en la que vivimos sumidos, nos ha dado un baño frío de realidad; y nos ha puesto como sociedad, al conjunto de España, frente al espejo, y lo que vemos, nuestro reflejo, no es lo que creíamos ser.

Ahora, que para hacer frente a esta situación tan complicada, con una población en paro de seis millones de personas, con más de 1.800.000 hogares con todos sus miembros parados, con el crédito a las empresas y a las familias seco, con recortes en lo que hasta ahora era nuestra seña de identidad, el Estado de Bienestar, con la espada de Damocles sobre el sistema de pensiones,…; necesitamos de una sociedad bien cimentada; asistimos, sin embargo, perplejos a una sociedad donde todas las instituciones en las que se sustentaba hacen aguas o se tambalean en el mejor de los casos.

El Parlamento, las Administraciones públicas, la Justicia, el Gobierno, la Corona, el sistema financiero, las empresas, los medios de comunicación, los partidos políticos, etc. ninguna de estas instituciones, como pilares de nuestro sistema democrático, está a la altura de lo que los ciudadanos necesitamos.

Descrédito, desapego, desprestigio, corrupción, es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nombramos a alguna de ellas. Así lo expresamos los españoles en los estudios de opinión, véase el CIS en los últimos tiempos. Y esta valoración tan negativa de nuestras instituciones está deteriorando a nuestra Democracia día tras día, sin que veamos el final de este trance.

Pero ni de la indignación, sentimiento absolutamente natural ante cada escándalo que nos asalta, ni mucho menos de la resignación, nacen, se construyen y se desarrollan las soluciones. La solución sale de la corresponsabilidad de cada uno de nosotros como individuos por volver a construir una #sociedaddecente.

Por eso, sí que considero absolutamente prioritario para nuestra Democracia un Se acabó, un No va más, contundente por parte de la ciudadanía.

No a la corrupción, no a los desmanes, no al todo vale, no a las amnistías fiscales, no a acabar con la igualdad de oportunidades subiendo las matrículas universitarias, no a la justicia para quien puede pagar las tasas Gallardón, no a tanta mediocridad y a tanto tragar porque no hay nada que hacer.

Porque hay mucho que hacer, porque podemos tener otra oportunidad como país, y porque como individuo me considero decente y sé que hay millones de españoles tan decentes como yo que queremos construir una sociedad decente y reforzar nuestro sistema democrático.

Este país tiene un compromiso con sus generaciones actuales y futuras, y ¿por qué no?, tenemos la responsabilidad de pactar, un Acuerdo, un Pacto entre la ciudadanía para reforzar nuestro sistema democrático y mejorar nuestra sociedad con nuevos valores más solidarios.

Y, si el PSOE, consigue ser el catalizador de este gran acuerdo con la ciudadanía, estaremos hablando de la posibilidad de acelerar la salida de esta crisis, tanto la institucional como la económica, porque nos habremos puesto a reconstruir el Estado de Bienestar que con tanto esfuerzo sacamos adelante cuando gobernamos.


#sanidadpúblicaMadrid

#SanidadPúblicaMadrid.
 
La sociedad madrileña se ha revuelto como un gato panza arriba para defender uno de los derechos sociales, que no fundamentales, que se recogen en nuestra Constitución, el que recoge en su artículo 43: el derecho a la protección de la salud.
 
Agredida desde hace años por los gobiernos de derecha del Partido Popular se ha visto aún más deteriorada por dos nuevas realidades.
 
La política de austeridad sin prioridades que ha impuesto el presidente Rajoy, y el Plan de Salud que la propia Comunidad de Madrid, a través de Ignacio González, actual presidente de la misma, ha hecho público.
 
Y esto nos está llevando a un cambio de modelo en lo que hasta ahora había sido un rumbo, más o menos compartido, de hacia dónde tenía que caminar la sanidad pública de nuestro país, y por tanto de nuestra región.
 
La Sanidad, tal y como la entendemos, partió de un concepto de sistema de cotizaciones por parte de los trabajadores. Unido al sistema de previsión para la vejez o de pensiones, nos encontramos, en el inicio de nuestra historia más reciente, con el intento de construir un Sistema Nacional de Salud, universal y “gratuito”, de calidad  y con espíritu de docencia e investigación.
 
Quiero hacer notar que el paso que se da cuando la financiación de la Sanidad pública queda recogida vía impuestos, es el momento en que mejor engarza con el artículo 43 de la Constitución española.
 
Y, que tras la última modificación de la Ley de Sanidad con el RD-Ley 16/2012, por parte del gobierno nacional del Partido Popular, en el cual realiza claras exclusiones del acceso en condiciones de igualdad a un determinado número de personas, ponemos al modelo de financiación en una contradicción.
 
¿Cómo es posible que alguien quede excluido o con acceso desigual a un derecho social cuando se financia vía presupuestos generales del Estado, a través de los ingresos impositivos?.
 
¿A quién le impiden usar las carreteras públicas de nuestro país?. Todas ellas se construyeron y se mantienen con cargo a los presupuestos del estado o de las comunidades autónomas. Y que sepamos no hay ninguna prohibición o discriminación en el acceso a estas infraestructuras.
 
Sin embargo en el ámbito de la Sanidad, el Partido Popular sí que discrimina en un derecho social que ya no debería estar vinculado a la capacidad de la generación o no de una cotización laboral. Es decir, cualquier ciudadano, haya cotizado o no tiene derecho a la Sanidad por sí mismo.
 
Junto a esta merma de derechos, y retroceso en el camino que nos habíamos dado para consolidar un Sistema Nacional de Salud, aquí en Madrid nos encontramos con un escenario que amenaza, más aún, al propio sistema, a la calidad de la prestación sanitaria pública y a la igualdad efectiva en un tema de tanta transcendencia.
 
Este escenario se inició hace años con el incremento de los Convenios de colaboración con entidades sanitarias privadas para la gestión de las listas de espera en Madrid. Y estos convenios se conciertan en detrimento de la mejor gestión de los recursos públicos de los hospitales madrileños. Y así, dinero que debería haberse invertido en la sanidad pública, se trasvasaba a la privada, no como mero apoyo puntual o complementario, sino como sustitutivo.
 
Posteriormente, siguió con la creación y puesta en marcha de los últimos hospitales de nuestra Comunidad, con el único objetivo de cambio de modelo de gestión sanitaria, a través de los denominados modelos PFI, en los que la asistencia sanitaria queda en manos de la propia Comunidad de Madrid, y modelos PPP, en los que la asistencia sanitaria es completamente privada.
 
Y este ataque a la sanidad pública fue posible al apoyarse en dos elementos: El primero legal, la aprobación de la Ley 15/1997 permitía introducir nuevas formas de gestión sanitaria que la hicieran más flexible; pero ahí se colaron junto a las formas de gestión pública más flexibles, fórmulas de privatización de  la gestión sanitaria.
 
El segundo fue la mayor operación de marketing electoral que se ha visto en la Comunidad de Madrid. La revolución sanitaria, que la candidata del Partido Popular, Esperanza Aguirre vendió a los madrileños.
 
Una revolución sanitaria que ponía un hospital en la puerta de tu casa. Pero como cualquier campaña de marketing, ésta no se detuvo a explicar los peligros que la introducción de la gestión privada, en un derecho público como el de la salud, podría suponer.
 
El marketing político ganó al interés general de la ciudadanía madrileña.
 
Si analizamos lo anterior, aquí hay que asumir dos errores. Uno el de la modificación de la Ley en el año 1.997 sin preveer que no todos gobiernan con los mismos valores. Al Partido Popular la sanidad pública le parece que es tan pública si la gestiona la administración que si la gestiona grupos empresariales, ya que nunca la ha entendido como un derecho, sino como un servicio.
 
Dos, que algunos gobiernos municipales socialistas de Madrid cayeron en la trampa de lo inmediato y aceptaron poner suelo público para un tipo de hospitales que ya comenzaron en ese momento a cambiar el modelo público de Salud.
 
Asistimos ahora a una segunda fase de esta revolución sanitaria, a grandes trazos; un recorte sin precedentes, la gran farsa del área única, la conversión de los hospitales PFI en asistencia completamente privada, y la privatización de centros de atención primaria, todo una enmienda a la totalidad al modelo que nuestra sociedad ha construido en los últimos treinta años.
 
Y así estamos a día de hoy, ante uno de los mayores desafíos a los que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid se han enfrentado. Es un desafío ideológico y estructural, y es un desafío ante el que la sociedad civil y los socialistas no podemos ceder.
 
La pregunta es ¿qué podemos hacer?. Ante todo no nos dejemos engañar. Hay alternativa.
 
Primero; concitemos un gran pacto ciudadano para la defensa de un pilar fundamental de nuestra sociedad como es la Sanidad.
 
Segundo, consolidar la planteada modificación de la Constitución, otorgando a la Sanidad la categoría de derecho fundamental.
 
Tercero, introduzcamos cambios en las opciones de la gestión sanitaria. Esto conlleva la modificación de la Ley 15/1997 en el que devolvamos la gestión privada en el SNS al espíritu inicial de la Ley General de Sanidad.
 
Cuarta, mejoremos la calidad y la organización de los recursos sanitarios, planteando una reasignación de los presupuestos públicos para la sanidad privada hacia la mejora en la sanidad pública.
 
Quinto, realicemos un planteamiento serio de recuperación no sólo de los hospitales PPP de nuestra Comunidad, sino también de los PFI. Unos como otros son la puerta de entrada del cambio de modelo.
 
Sexto, avancemos en la implicación de los colectivos profesionales y de la ciudadanía en la participación de las decisiones públicas en el ámbito de la Salud.
 
Porque la sanidad pública de Madrid está a las puertas de consolidar un cambio irreversible; parar las medidas, que el Gobierno regional del Partido Popular piensa aplicar, debe ser nuestra prioridad.
 


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