DIEZ AÑOS DE UNA LEY

DIEZ AÑOS DE UNA LEY

La lucha por la Igualdad ha marcado durante años las políticas llevadas a cabo por los socialistas en las Instituciones democráticas. Y es en este aspecto, en el de la lucha por la Igualdad de Oportunidades buscando la libertad real, donde encardinamos como parte fundamental de nuestra acción diaria la igualdad de las mujeres.

En las legislaturas de gobiernos socialistas de 2004 a 2011, se produjeron avances en el ámbito de la igualdad de la mujer de gran calado democrático; situando en la agenda política del propio Presidente Zapatero, y su Consejo de Ministros, como uno de los ejes prioritarios, las políticas de Igualdad.

No podemos en modo alguno, obviar la aprobación de dos importantes leyes que impulsaron un cambio y modernización de la sociedad española: La ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Dos leyes con un denominador común, la acción política por delante de la sociedad. Los socialistas implementamos estas dos leyes con el ánimo de cambiar las estructuras no sólo del propio Estado, sino las propias estructuras de la sociedad. Leyes con espíritu transformador hacia la igualdad efectiva de los hombres y mujeres.

Este año se cumplen diez años de la aprobación de una de ellas, 10 años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Nuestra propia Constitución en su artículo 15 establece como el primero de los derechos de las personas el derecho a la vida y a la integridad física y moral; porque sin esta garantía no puede haber ejercicio pleno de ninguno del resto de los derechos. Pero la realidad era que en una sociedad como la nuestra, marcada por patrones machistas, y con los que aún desgraciadamente convivimos, negaba este derecho a cientos de miles de mujeres amparándose en el ámbito privado de las relaciones personales.

La Ley Integral contra la Violencia de Género supuso que un hecho circunscrito históricamente al ámbito privado, saliera al mundo de lo público y su erradicación se convirtiera en objeto de reflexión social y en objetivo prioritario de las políticas públicas.

Al singularizarla se produjo un paso muy importante, porque se empezó a combatir también de manera singular. Pero el camino que se abría con esta ley no sólo consistía en poner todos los medios al alcance de un Estado de Derecho para mejorar la seguridad de las mujeres amenazadas, para desarrollar la ley desde un punto de vista judicial y policial. El trabajo también consistía en la erradicación de la violencia contra las mujeres pasa por la superación de los estereotipos de género, de la desigual distribución de roles en la sociedad y de las barreras que impiden a las mujeres su pleno desarrollo personal y profesional.

Como se ve, la implementación de esta Ley necesita de un compromiso desde la más alta de las instituciones democráticas, y una implicación certera de las distintas administraciones públicas que componen nuestro Estado. Es absolutamente necesario que la Agenda política de la presidencia de gobierno, incorpore como eje de acción prioritaria esta cuestión.

Sin embargo, la realidad del actual Gobierno Rajoy nos demuestra absolutamente lo contrario; no hay impulso gubernamental a esta política, más bien lo contrario, hay recortes presupuestarios que a la vez se extienden en recortes en los presupuestos de otros gobiernos autonómicos y municipales del mismo signo político.

Si vemos los datos de los últimos años nos damos cuenta de lo que aún queda por hacer y de lo que actualmente está en riesgo de perderse. En la Comunidad de Madrid, la apuesta por la lucha contra la Violencia de Género se ha visto abocada a la restricción presupuestaria; teniendo datos tan controvertidos como el número de mujeres fallecidas por Violencia de Género en 2013; 9 mujeres víctimas en Madrid de un total de 54 mujeres fallecidas en toda España. O los datos sobre denuncias:
Denuncias V.G.               2011                2012                  2013
C.Madrid                        20.708             20.935              19.506
España                         134.002            128.543             124.894

Con estos datos objetivos el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid durante esta legislatura no ha incrementado, ni siquiera mantenido los recursos destinados a la lucha contra esta lacra de la sociedad española, amparados en esta ola impulsada por el Gobierno Rajoy de restricciones económicas hasta en los derechos más básicos. Así, la evolución presupuestaria de los últimos años de la Comunidad de Madrid fue:

Ppto C.Madrid                              Promoción e igualdad             Acc.violencia            Total

2009                                                26.421.500                         15.851.900            42.273.400

2010                                                20.983.400                         15,890.400             36.873.800

2011                                                16.389.200                          13.855.700            30.244.800

2012                                                 14.127.800                         12.964.600            27.092.400

2013                                                No especifica                      No especifica          22.705.132

2014                                                No especifica                      No especifica          21.555.897

Como se puede ver, durante la legislatura 2011-2014, la lucha contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid ha sido un continuo abandono de políticas activas de protección, prevención y recursos disponibles para las víctimas.

Hace diez años que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género; y tal como se ve, no es sólo cuestión de aprobar leyes, es cuestión de dotar las leyes de presupuesto y de tener la voluntad política necesaria para transformar las estructuras y garantizar la Igualdad y la Libertad de las mujeres. El 25 de Noviembre condenaremos la Violencia de Género, pero lo importante viene los siguientes 364 días.

Diez años de una ley

La lucha por la Igualdad ha marcado durante años las políticas llevadas a cabo por los socialistas en las Instituciones democráticas. Y es en este aspecto, en el de la lucha por la Igualdad de Oportunidades buscando la libertad real, donde encardinamos como parte fundamental de nuestra acción diaria la igualdad de las mujeres.

En las legislaturas de gobiernos socialistas de 2004 a 2011, se produjeron avances en el ámbito de la igualdad de la mujer de gran calado democrático; situando en la agenda política del propio Presidente Zapatero, y su Consejo de Ministros, como uno de los ejes prioritarios, las políticas de Igualdad.

No podemos en modo alguno, obviar la aprobación de dos importantes leyes que impulsaron un cambio y modernización de la sociedad española: La ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Dos leyes con un denominador común, la acción política por delante de la sociedad. Los socialistas implementamos estas dos leyes con el ánimo de cambiar las estructuras no sólo del propio Estado, sino las propias estructuras de la sociedad. Leyes con espíritu transformador hacia la igualdad efectiva de los hombres y mujeres.

Este año se cumplen diez años de la aprobación de una de ellas, 10 años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Nuestra propia Constitución en su artículo 15 establece como el primero de los derechos de las personas el derecho a la vida y a la integridad física y moral; porque sin esta garantía no puede haber ejercicio pleno de ninguno del resto de los derechos. Pero la realidad era que en una sociedad como la nuestra, marcada por patrones machistas, y con los que aún desgraciadamente convivimos, negaba este derecho a cientos de miles de mujeres amparándose en el ámbito privado de las relaciones personales.

La Ley Integral contra la Violencia de Género supuso que un hecho circunscrito históricamente al ámbito privado, saliera al mundo de lo público y su erradicación se convirtiera en objeto de reflexión social y en objetivo prioritario de las políticas públicas.

Al singularizarla se produjo un paso muy importante, porque se empezó a combatir también de manera singular. Pero el camino que se abría con esta ley no sólo consistía en poner todos los medios al alcance de un Estado de Derecho para mejorar la seguridad de las mujeres amenazadas, para desarrollar la ley desde un punto de vista judicial y policial. El trabajo también consistía en la erradicación de la violencia contra las mujeres pasa por la superación de los estereotipos de género, de la desigual distribución de roles en la sociedad y de las barreras que impiden a las mujeres su pleno desarrollo personal y profesional.

Como se ve, la implementación de esta Ley necesita de un compromiso desde la más alta de las instituciones democráticas, y una implicación certera de las distintas administraciones públicas que componen nuestro Estado. Es absolutamente necesario que la Agenda política de la presidencia de gobierno, incorpore como eje de acción prioritaria esta cuestión.

Sin embargo, la realidad del actual Gobierno Rajoy nos demuestra absolutamente lo contrario; no hay impulso gubernamental a esta política, más bien lo contrario, hay recortes presupuestarios que a la vez se extienden en recortes en los presupuestos de otros gobiernos autonómicos y municipales del mismo signo político.

Si vemos los datos de los últimos años nos damos cuenta de lo que aún queda por hacer y de lo que actualmente está en riesgo de perderse. En la Comunidad de Madrid, la apuesta por la lucha contra la Violencia de Género se ha visto abocada a la restricción presupuestaria; teniendo datos tan controvertidos como el número de mujeres fallecidas por Violencia de Género en 2013; 9 mujeres víctimas en Madrid de un total de 54 mujeres fallecidas en toda España. O los datos sobre denuncias:
Denuncias V.G.               2011                2012                  2013
C.Madrid                        20.708             20.935              19.506
España                         134.002            128.543             124.894

Con estos datos objetivos el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid durante esta legislatura no ha incrementado, ni siquiera mantenido los recursos destinados a la lucha contra esta lacra de la sociedad española, amparados en esta ola impulsada por el Gobierno Rajoy de restricciones económicas hasta en los derechos más básicos. Así, la evolución presupuestaria de los últimos años de la Comunidad de Madrid fue:

Ppto C.Madrid                              Promoción e igualdad             Acc.violencia            Total

2009                                                26.421.500                         15.851.900            42.273.400

2010                                                20.983.400                         15,890.400             36.873.800

2011                                                16.389.200                          13.855.700            30.244.800

2012                                                 14.127.800                         12.964.600            27.092.400

2013                                                No especifica                      No especifica          22.705.132

2014                                                No especifica                      No especifica          21.555.897

Como se puede ver, durante la legislatura 2011-2014, la lucha contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid ha sido un continuo abandono de políticas activas de protección, prevención y recursos disponibles para las víctimas.

Hace diez años que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género; y tal como se ve, no es sólo cuestión de aprobar leyes, es cuestión de dotar las leyes de presupuesto y de tener la voluntad política necesaria para transformar las estructuras y garantizar la Igualdad y la Libertad de las mujeres. El 25 de Noviembre condenaremos la Violencia de Género, pero lo importante viene los siguientes 364 días.

El Candidato Cañete y la libertad de prensa

El Partido Popular y su candidato a las elecciones europeas de este domingo, Arias Cañete, ha decidido que lo de las ruedas de prensa, atender a los periodistas y contestar a preguntas que cualquiera sabe quién las carga; no es para ellos, que será para otros.
 
Alguien en ese partido ha pensado que para qué correr riesgos ya contrastados. Para qué exponer a su candidato a los medios de forma descontrolada. Para qué, en definitiva, fomentar la libertad de prensa.
 
Parece que olvidan que los medios de comunicación son un elemento imprescindible para que los ciudadanos dispongan de los datos que necesitan para formar su propio criterio sobre los candidat@s y sus programas electorales y propuestas.

Es cierto, sería más fácil para la ciudadanía poder tener a mano a cada candidat@ y hacerle las preguntas que quisiéramos cuando nos viniera bien. Pero eso ya sabemos que es imposible. Por eso, necesitamos que los periodistas y profesionales de la comunicación que cubren las campañas electorales puedan llevar adelante su trabajo sin cortapisas y sin limitaciones absurdas. Que puedan hacer preguntas,  porque, de otro modo, los candidat@s hurtan a la opinión pública las respuestas a los problemas que los ciudadanos afrontan.

 
Así pues, es absolutamente grave esta estrategia de esconder al Candidato Cañete. Es grave por lo que significa de poco respeto a nuestra Constitución, a la Democracia, a la Política, y a la Ciudadanía. Suspender entrevistas, no cerrar otras que estaban a punto de hacerlo, ý sólo acudir a medios amigos, muy amigos, califican la capacidad política del Candidato de nula. Y, sea por la razón que sea, no hay justificación para esta actitud.
 
Porque si el asunto es que se quiere esconder al Candidato Cañete para que sea Comisario tras las elecciones; es poner los intereses personales de un señor sobre los generales de los votantes que queremos saber realmente qué piensa este hombre.
 
O, si el asunto es que el Candidato Cañete pierde votos tras sus palabras ofensivas al colectivo de las mujeres; parece bastante mezquino que el PP no explique de manera transparente a sus posibles votantes qué tipo de candidato ha elegido la formación política en cuestión.
 
O, aún peor, si el asunto es que el Candidato Cañete puede movilizar al electorado de la formación política alternativa, es decir el PSOE, entonces se confirmaría la estrategia electoral de la derecha en España de que cuanta menos participación el domingo 25, mejor.
 
Sea cual sea el motivo real, lo que me provoca esta decisión es preguntar “¿de verdad los ciudadan@s de este país nos merecemos que el Candidato del partido de Gobierno piense antes en salvarse él y su partido que en explicar de forma libre y transparente sus propuestas y pensamientos a través de los medios de comunicación?”
 
Como sé que la respuesta es NO, pido, sugiero, incluso exijo, que el Candidato Cañete rectifique, y en caso contrario que la prensa y la ciudadanía lo condenemos y no lo aceptemos.
 
Conmigo que nadie cuente para consolidar las declaraciones a través de pantallas de plasma, no es mi concepto de Democracia.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LO PÚBLICO

Recientemente el Parlamento Europeo ha presentado una nueva Directiva sobre RSE. Aprobada por la mayoría del mismo, deberá ser ratificada también por el Consejo de Europa; y sus Estados miembros deberán realizar las adaptaciones legales correspondientes.

La Directiva profundiza en la necesidad de que las compañías sean más transparentes, y que junto a la información financiera anual reporten información no financiera.

Una mayor información por parte de las empresas de más de 500 empleados, o 20 millones de euros de balance o 40 millones de cifra de ventas, será necesaria en aspectos no financieros como la política medioambiental, derechos humanos, políticas para sus empleados, medidas anticorrupción o sobre la diversidad en sus Consejos de Administración. Corroborando así la Comunicación «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas»; donde es definida la responsabilidad social de las empresas como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad».

De manera flexible tendrán que dar cuenta a clientes, inversores, sociedad civil y estados sobre estas materias; o justificar el por qué no lo hacen o no dan esa información.

Parece paradójico que, por ejemplo, aquí en España, vayamos a solicitar un mayor compromiso a las empresas respecto a la RSE, pero sin embargo no avancemos decididamente hacia los reportes de sostenibilidad de las instituciones y administraciones públicas.

Quizás esta Directiva podría hacernos reflexionar, y que nos demos cuenta que también los ciudadanos demandan mayor información y transparencia sobre la actuación socialmente responsable de los ayuntamientos, o gobiernos regionales, o instituciones públicas de más de 500 empleados en plantilla.

Pareciera pertinente y adecuado apostar por los Reportes de Sostenibilidad en las administraciones públicas de idéntico tamaño.

¿Qué sabemos de los consumibles que los ayuntamientos compran y utilizan en su día a día? ¿Son conscientes las administraciones públicas de si sus proveedores son respetuosos con el medio ambiente en términos de consumo de papel, uso energético o del agua, acaso?¿Saben si son estrictos en la vigilancia de los derechos humanos y condiciones laborales de aquellas jurisdicciones donde a su vez se proveen?

Exigimos a las empresas privadas códigos de ética, incluso de conducta, y vemos cómo los empleados de las mismas los firman e interiorizan; ¿en qué medida lo hacemos extensible a la administración o empresas públicas? ¿Qué actuaciones concretas se realizan para conseguir la igualdad entre los hombres y las mujeres en su estructura laboral? Y, ¿qué decimos sobre las medidas anticorrupción? ¿Qué controles claros y definidos hay más que los estrictamente legales?

Son muchas las preguntas que nos llevarían a concluir que no es posible exigir una transparencia tal en la información no financiera de las empresas, porque entendemos que los clientes, los inversores o la sociedad civil que se relacionan con ellas lo piden como elemento clave en su toma de decisiones; y nos neguemos a entender que esas mismas personas y colectivos son los mismos ciudadanos que se ven afectados día a día por las decisiones públicas que se toman y que también desean mayor transparencia en la información no financiera de estas actuaciones.

La Responsabilidad Social y los reportes de sostenibilidad son un camino a abordar en el mundo de lo público, y el resultado de esta generación constante de valor entre el ciudadano o el movimiento ciudadano correspondiente, puede generar un reforzamiento de la participación democrática y de la representatividad.

Una reforma contra la autonomía local y los ciudadanos

La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es un sinsentido más de la administración Rajoy. Forzado por un compromiso con la Troika de austericidio, tras los recortes en educación sanidad, empleo y pensiones, el siguiente embiste corresponde a las administraciones locales, a los ayuntamientos.
Cifras absolutamente incontestables dejan en evidencia que no es cuestión de ajuste económico, sino de adelgazamiento de lo público. Según datos oficiales la gran mayoría de los Ayuntamientos, alrededor de 6.000, cerraron sus cuentas con superávit en 2012. Y el conjunto de la deuda de la Administración Local en su conjunto, supone poco más del 4% del total de todas las Administraciones públicas; siendo además la única que ha logrado cumplir los objetivos fijados por el Gobierno sobre el déficit. ¿Por qué señalar a lo local como despilfarrador, descontrolado y poco eficaz?.
La deuda de todos los Ayuntamientos en 2012 fue de unos 35.000 millones de euros, hay más de 8100 municipios, 3.000 de ellos sin deuda, 5.000 en los que ésta es de menos de 50 millones de euros cada uno, 99 con una deuda superior a 50 millones de euros, y singularmente sólo uno, el Ayuntamiento de Madrid, con una deuda de unos 7.000 millones de euros.
Si existe alguna ciudad o municipio que necesite planes de ajuste contingentes, háganse; pero, ¿por qué el Gobierno de España se empecina en legislar como si todos los municipios de este país tuviesen el nivel de deuda y el grado de ineficacia que el municipio más endeudado?
No me cabe más que pensar que quien realiza esta reforma desconoce la labor más que aceptable que llevan a cabo las administraciones locales y sus órganos de gobierno. La memoria presentada por el Gobierno habla de los millones de euros que se va a ahorrar en el gasto público, pero no dice nada de los millones de servicios prestados que van a desaparecer y los millones de personas que van a dejar de recibir los mismos. Lo más probable es que aquellos que cuantificaron la memoria económica no evaluaran el coste social, el coste pare el ciudadano al que le afectarán directamente las medidas de recorte.
Durante más de 35 años, los ayuntamientos democráticos han construido sociedades cohesionadas. Alumbrado donde no había, calles asfaltadas donde había barro, parques y jardines, servicios sociales a nuestros mayores, la atención a las personas en situación de exclusión social, programas de voluntariado, vivienda social, desarrollo de polígonos industriales, bibliotecas, escuelas infantiles, etc. Con competencias o sin competencias, los ayuntamientos han llegado a prestar servicio a sus ciudadanos cuando y donde ni los gobiernos autonómicos ni el de la nación llegaban. Los que somos municipalistas sabemos que esto fue posible por el carácter absolutamente cercano de la política local al ciudadano, porque cualquier vecino en cualquier lugar te puede parar en la calle y preguntar o requerir, y eso no les pasa a otros políticos de ámbitos distintos al municipal.
Y ahora, en vez de reformar para modernizar la administración pública local con nuevas formas de participación de la ciudadanía, apostando por reforzar la transparencia de las decisiones que se toman, por la incorporación a las redes sociales, por la agilización de procedimientos, por la cultura de la cooperación y por la clarificación definitiva de competencias con financiación adecuada; se acomete una reforma que es un recorte de servicios puro, que afectarán a los ciudadanos de forma directa, ya que no podrán ser asumidos por las diputaciones o las comunidades aquellos servicios que dejarán de prestarse. Y todo ello, sin reportar en modo alguno el ahorro económico que se plantea por el Estado.
La voluntad del gobierno del PP es aprobar la ley y, tras los presupuestos presentados para 2014 y con la perspectiva de 2015, no se ve la posibilidad de un acuerdo en la tramitación de la misma. El gobierno ha confiado a este recorte sin precedentes el cumplimiento del déficit de España, echa en hombros de los municipios y sus ciudadanos las exigencias de la troika, y coloca en una situación muy difícil a miles de cargos públicos que hacen política desde la base, desde lo local, intentando mejorar y dar soluciones a sus vecinos en sus día a día; cada uno con su carga ideológica, pero todos desde su compromiso con su territorio.
Una ley sin consenso los grupos políticos, con un acuerdo en precario a última hora con el PNV, pero sin contar con partidos que gobiernan en más de 8100 municipios, es una ley inaceptable. Porque tanta legitimidad democrática tiene el Presidente de Gobierno de España, como el alcalde o alcaldesa del municipio más pequeño de España. Los municipios no son hermanos pequeños de nadie, son una administración pública con su autonomía concedida por la Carta Magna. Así pues, nos encontramos con una imposición legislativa que llevará a la mayor de las frustraciones políticas.

Cuando el silencio es cómplice

¿Debemos consentir que el caso Quijorna se convierta en algo anecdótico? ¿Que pasen los días, se calmen los ánimos y nos olvidemos de lo que allí realmente pasó?

El pasado sábado, 28 de septiembre de 2013, un colegio público de esa localidad albergaba una exposición muy singular. Las llamadas Primeras Jornadas de Exposición, Militaria y Cultura de la Defensa, se convertían en una feria y mercadillo de exaltación al franquismo y al nazismo. Algo insólito en la reciente historia de nuestro país; algo insólito porque se realizaba en un espacio público, municipal y democrático. Algo insólito porque fue visitada por la alcaldesa de Quijorna, y no mandó suspender tal aberración pública. Algo insólito, porque la alcaldesa consideró posteriormente que no vio nada fuera de lo normal en ese mercadillo. Algo insólito, porque al día siguiente la propia alcaldesa realizaba un acto homenaje a “los caídos por Dios y por España”, como si aún viviéramos en la dictadura. Algo insólito, lo mires por donde lo mires.

Pero además de insólito, la actitud de la mujer que posee la alcaldía de Quijorna fue impropia de un cargo público, que el día que obtiene dicho cargo, “jura o promete cumplir y hacer cumplir la Constitución…”. ¿Qué tipo de Constitución es la que conoce esta alcaldesa? ¿Qué tipo de valores va a transmitir esta mujer a la ciudadanía que representa? Y la mayor de las dudas, si considera normal y por lo tanto no le llama la atención la simbología nazi y franquista, quiere decir que ¿si viviéramos bajo sus dictaduras lo consideraría normal?

Son muchas las dudas que se podrían ir planteando sobre la veracidad del juramento o promesa que la citada alcaldesa realizó el día en que se constituyó el Pleno municipal, dudas sobre su compromiso con los valores democráticos y la defensa de nuestra Constitución. Y esta duda, lamentablemente, se hace extensible a un Partido Popular, el de Madrid, que no ha sido en absoluto contundente con la actitud que ha tenido una destacada miembro del partido. Y sólo en el caso que este partido fuerce la dimisión, porque de forma voluntaria ya hemos visto que no, de dicha alcaldesa, podremos diluir esta duda.

Por principios éticos y democráticos, creo que es inexcusable dicha dimisión, por principios éticos y democráticos, pienso que es importantísimo que se corten estas actitudes impresentables de responsables públicos sin ningún atisbo de titubeo, por respeto a los ciudadanos e higiene democrática, los partidos que gobiernan o representan a ciudadanos deben ser inflexibles con el compromiso son la Constitución.

El Partido Popular no puede mirar hacia otro lado, hace unos meses ya lo hizo en Pinto, donde en las fiestas locales apareció una pintada pronazi en la Plaza de toros. Ni se suspendió el encierro, ni se borró la misma, ni siquiera se buscó una tela para tapar esa barbaridad, otra vez la NORMALIDAD. Pues esta vez, no debe, no puede, no es lógico que vuelva a pasar. Atajar actitudes que alientan a la extrema derecha y a la violencia, debe ser incuestionable. Y, erradicar de la vida política institucional a responsables públicos que no saben que la democracia es algo más que salir de alcaldesa, sino guardar y hacer guardar la Constitución, inexcusable.

Caja Madrid, Blesa y el PP

Más allá de la causa que ha aparecido en los medios de comunicación como determinante del proceso judicial iniciado contra Miguel Blesa (la compra irregular del City National Bank de Florida), la historia de este peculiar banquero es la historia de la utilización partidista y fuertemente politizada que ha realizado el PP en Caja Madrid en los últimos quince años.
De la mano de José María Aznar y con el hoy ministro de Justicia Ruiz-Gallardón al frente de la comunidad madrileña y sin contar con trayectoria financiera alguna, Blesa entró a presidir el Consejo de la Caja en 1996. Y salió de la entidad en 2010 enfrentado a Esperanza Aguirre e Ignacio González y apoyado una vez más por su inicial mentor Ruiz-Gallardón. Durante esa etapa de casi quince años largos, el poder económico y político madrileño se movió alrededor de él y de sus apoyos. El PP de Madrid controló los designios de la Caja, determinó, directa o indirectamente, quiénes eran los empresarios que prosperaban con créditos por encima de sus posibilidades, tal y como se evidencia en el caso de Díaz Ferrán, o cuáles eran los desarrollos urbanísticos que se consideraban absolutamente necesarios como los impulsados por Martín Fadesa, operaciones éstas últimas especialmente significativas: no olvidemos que tras protagonizar una bancarrota por 7.000 millones de euros, Martín Fadesa provocó un agujero de más de 1.000 millones sólo en Caja Madrid.
Detrás de cada decisión hay un motivo, y habrá que ver qué motivación había tras cada una de las operaciones financieras supuestamente erróneas que condujeron al rescate
financiero de España para cubrir el agujero de 40.000 millones generado por bancos y cajas al que Bankia ha “contribuido” con un auténtico foso de 24.000 millones de euros, algo sin precedentes en la historia de la Comunidad de Madrid (y en la de España), con
un saldo de más de 4.000 despidos y con el sometimiento al sacrosanto Memorandum de Entendimiento (MOU) de la Unión Europea, que hace que la Troika, convertida en “los hombres de negro”, nos visite y nos apriete exigiendo recortes.
Todo esto ocurrió sin impedimentos y al amparo de una situación económica en la que la impunidad casi llegó a formar parte del estado anímico de nuestra sociedad. No ocurrió por casualidad, ni por generación espontánea: fue así porque un partido político, el Partido Popular, encontró en Caja Madrid, la principal institución financiera regional y una de las más importantes de España (la cuarta), un brazo armado para favorecer sus intereses. Aznar, Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González, jugaron con
fuego convirtiendo la entidad en un instrumento a su servicio, pero en ese juego nos han quemado a todos.
No sé cómo actuará finalmente la Justicia, no sé hasta dónde se llegará; pero estoy absolutamente convencida de que éste es un caso en el que la ética ciudadana debería llevarnos a pensar si se puede aceptar que la utilización partidista y política de una
entidad financiera le salga gratis a quienes nombran a su más alto responsable. A quienes
un día nombraron a Miguel Blesa.